💰 ¿Qué es la violencia económica?

La violencia económica es una forma de maltrato menos visible que la física o psicológica, pero con consecuencias igual de graves.
Se produce cuando una persona ejerce control, dominación o limitación sobre los recursos económicos de su pareja o familia, impidiendo su autonomía o utilizándolos como medio de manipulación.

No se trata solo de dinero, sino de poder: quién decide, quién controla y quién depende.

⚖️ Definición legal y reconocimiento jurídico

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce expresamente la violencia económica como una de las formas de violencia que pueden ejercerse contra la mujer.

En su artículo 1.3 se incluye la violencia que “atente contra la libertad o contra el patrimonio económico de la mujer”.
Esto abarca tanto el control del dinero común como el impago intencionado de pensiones alimenticias o compensatorias.

Además, el Código Penal contempla diversas conductas relacionadas, como:

• El delito de impago de pensiones (art. 227 CP).
• El delito de administración desleal o apropiación indebida en casos de gestión de bienes comunes.

Por tanto, estamos ante una figura con reconocimiento legal y consecuencias penales y civiles.

🚫 Ejemplos de violencia económica en el entorno familiar

La violencia económica puede manifestarse de múltiples formas, algunas muy sutiles.
Estos son ejemplos frecuentes:

• Impedir que la otra persona trabaje o estudie.
• Controlar o supervisar en exceso los gastos.
• Obligar a entregar el sueldo o limitar el acceso a las cuentas comunes.
• No pagar gastos básicos del hogar o de los hijos, generando dependencia.
• Endeudar a la pareja sin su consentimiento.
• Ocultar ingresos o bienes para evitar contribuir a los gastos familiares.
• Usar el dinero como herramienta de castigo o chantaje.

En casos de separación o divorcio, también puede manifestarse en el impago deliberado de la pensión alimenticia o en maniobras para evadir obligaciones económicas impuestas judicialmente.

🔎 Cómo identificar si estás sufriendo violencia económica

No siempre es fácil reconocer este tipo de violencia, ya que suele estar normalizada o mezclada con otras formas de control emocional.
Algunas señales de alerta son:

• No tener libertad para decidir sobre los gastos del hogar.
• Sentir miedo o culpa al hablar de dinero con la pareja.
• No disponer de dinero propio o depender totalmente del otro para gastos personales.
• Descubrir decisiones financieras importantes tomadas sin tu consentimiento.
• Vivir situaciones de impago reiterado tras una ruptura o divorcio.

Si te sientes identificada con alguna de estas situaciones, es importante buscar asesoramiento legal y psicológico cuanto antes.

⚖️ Qué hacer si sufres violencia económica

1. Recopila pruebas.
   Guarda justificantes de transferencias, mensajes, correos, recibos impagados, contratos o cualquier documento que acredite la situación.
2. Acude a un abogado o abogada especializada.
   Te orientará sobre las medidas civiles y penales posibles: demandas de alimentos, ejecución de sentencia, denuncia penal, etc.
3. Denuncia la situación.
   Puedes hacerlo ante la Policía, Guardia Civil o directamente en el Juzgado de Guardia. También puedes solicitar una orden de protección.
4. Solicita medidas judiciales.
   En procesos de familia, el juez puede fijar medidas cautelares económicas para garantizar la subsistencia de la víctima y de los hijos.
5. Busca apoyo institucional.
   Existen servicios municipales, autonómicos y asociaciones que ofrecen asesoramiento gratuito y acompañamiento psicológico.

🧩 Actuar a tiempo es clave

La violencia económica puede prolongarse durante años si no se detecta y se denuncia.
A menudo deja a la víctima en una situación de vulnerabilidad que dificulta su independencia y la de sus hijos.

Por ello, es fundamental romper el silencio y acudir a profesionales especializados que puedan ofrecer una respuesta integral: jurídica, económica y emocional.

👩‍⚖️ Conclusión

La violencia económica es una forma de maltrato real, aunque invisible para muchos.
Reconocerla y actuar legalmente es el primer paso para recuperar la autonomía y la estabilidad personal y familiar.

En nuestro despacho en Jerez, ofrecemos asesoramiento jurídico especializado en derecho de familia y violencia de género, ayudándote a proteger tus derechos y los de tus hijos.

👉 Si crees que puedes estar sufriendo violencia económica o quieres recibir orientación legal, contacta con nuestro equipo.
La información y la acción son tus mejores herramientas para salir de esta situación con seguridad y respaldo jurídico.

La custodia compartida es, desde hace años, una de las fórmulas preferidas por los tribunales españoles para garantizar el equilibrio y la implicación de ambos progenitores en la vida de sus hijos tras el divorcio o la separación. Sin embargo, cuando existen antecedentes o indicios de violencia de género, el panorama cambia de forma significativa.

En este artículo analizamos los límites legales, la jurisprudencia más reciente y las consecuencias prácticas de estos casos.

¿Qué es la guarda y custodia compartida?

La custodia compartida implica que ambos progenitores se reparten de forma equitativa el tiempo de convivencia con los hijos menores, así como las responsabilidades y decisiones cotidianas.
No debe confundirse con la patria potestad, que sigue siendo compartida salvo excepciones graves, incluso en situaciones de violencia si no hay condena firme.

Custodia compartida y violencia de género: el marco legal

El artículo 92.7 del Código Civil es claro al respecto:

“No procederá la guarda y custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos.”

Esto significa que la existencia de un procedimiento penal en curso por violencia de género impide automáticamente la adopción del régimen de custodia compartida, aunque todavía no exista condena firme.
El juez podrá valorar otras medidas, como la custodia exclusiva para el progenitor no investigado o un régimen de visitas supervisadas.

Jurisprudencia reciente: interpretación de los tribunales

En los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales ha reforzado esta postura.
Algunos ejemplos destacados:

• STS 465/2021, de 30 de junio: el Tribunal Supremo confirma que basta con la existencia de una causa penal abierta para excluir la custodia compartida, aunque el proceso no haya concluido.

• SAP Madrid, Sección 24ª, de 14 de marzo de 2023: se deniega la custodia compartida por apreciarse indicios de violencia psicológica, destacando que el interés del menor prima sobre cualquier otro derecho.

• STS 640/2020, de 27 de noviembre: recuerda que la custodia compartida requiere “una relación mínima de respeto” entre los progenitores, incompatible con un proceso de violencia.

Estos fallos confirman que el interés superior del menor se sitúa siempre en el centro de la decisión judicial, y que la existencia de conflictos graves entre los progenitores puede ser motivo suficiente para denegar la custodia compartida, incluso sin violencia acreditada.

¿Qué ocurre si la denuncia se archiva o hay absolución?

Una cuestión habitual en la práctica jurídica es qué sucede si el procedimiento penal por violencia de género se archiva o concluye con absolución.

En estos casos, la custodia compartida podría volver a valorarse, pero no es automática. El progenitor interesado deberá solicitar una modificación de medidas y demostrar que han desaparecido los motivos que justificaban la restricción.

Medidas accesorias: régimen de visitas y comunicación

Cuando se prohíbe la custodia compartida por violencia de género, los tribunales suelen regular de forma específica el régimen de visitas y comunicación.
Entre las medidas más frecuentes encontramos:

• Visitas supervisadas en puntos de encuentro familiar.

• Suspensión temporal de las visitas hasta el cierre del procedimiento penal.

• Comunicación exclusivamente por medios telemáticos o a través de terceros.

Estas medidas buscan proteger al menor y al progenitor víctima, sin romper totalmente el vínculo familiar, siempre que no exista riesgo.

Perspectiva práctica: cómo debe actuar el progenitor afectado

Si te encuentras en esta situación, es fundamental contar con asesoramiento jurídico especializado.
Una abogada experta en derecho de familia en Jerez puede:

• Analizar la situación judicial y sus implicaciones en el ámbito civil.

• Solicitar medidas de protección o modificación de medidas existentes.

• Acompañarte en el proceso penal y en la defensa de tus derechos parentales.

Recuerda que cada caso es único, y que la decisión del juez dependerá de las circunstancias concretas y del interés del menor.

La custodia compartida, aunque deseable en muchos casos, no es compatible con situaciones de violencia de género. La ley y la jurisprudencia son tajantes al priorizar la seguridad y el bienestar de los menores y de la parte víctima.
Si te encuentras en un proceso de separación o divorcio donde existen antecedentes de violencia, consulta con un profesional especializado en derecho de familia que te asesore desde el inicio.